La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del
Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (en adelante “las
jóvenes González, Herrera y Ramos”), cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo
algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se responsabiliza al
Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran
menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno
conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado
centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades
frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los
asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”
El fallo de la CIDH crea un nuevo estandar adicional fundado en el art. 7 de la
Convención de Belem do PAra (CBDP), superior al señalado por la CADH (Pacto
de SAn Jose) y funda la responsabilidad del Estado por la acción de particulares
fundado en el riesgo previsible y evitable, superando el criterio de complicidad
sustentado en fallos por acciones de paramilitares (con conocimiento del Estado) y
los casos de riesgo creado (por no desmantelar los mismos).
Importante fallo que amplia los standares de protección y fija las obligaciones de los
Estados para prevenir y sancionar las acciones violatorias de las violencias de genero.
Analisis completisimo de los nuevos standares adoptados: Abramovich, Victor
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