Caracterización de la población privada de su libertad según jurisdicción, situación legal y tipología delictiva.
Población detenida según jurisdicción judicial
Jurisdicción Cant. de detenidos
Provincial 41.465 (78%)
Nacional 5.286 (10%)
Federal 3.941 (7%)
Sin Datos 2.756 (5%)
Total 53.448
(Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. SNEEP 2008)
Población detenida según situación legal
Situación legal Cant. de detenidos
Procesado 31.389 (59%)
Condenado 21.333 (40%)
Otras 725 (1%)
Sin Datos 1
Total 53.448
(Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. SNEEP 2008)
Nota: la categoría “Otros” comprende: Inimputables, Menores y Sin Datos.
De acuerdo con la discriminación por jurisdicción, la gran mayoría de los detenidos se encuentra a disposición de la jurisdicción provincial. En el ámbito del SPF, es decir aquellos presos que se encuentran bajo la órbita de la justicia nacional y federal, se concentra el 17% del colectivo encarcelado.
A propósito de la situación legal de los presos, se observa que más de la mitad están procesados, es decir, no poseen condena firme. Esta situación puede explicarse por el uso extendido de la prisión preventiva, entre otros factores, lo que hace que el grueso de los detenidos lo esté en forma preventiva, violando el principio de inocencia, es decir, el derecho del imputado a ser tratado como inocente mientras dura el proceso.
Por último cabe mencionar las principales tipologías delictivas por las cuales los presos se encuentran procesados y/o condenados. Entre ellas figuran Robo y/o tentativa (22.312 causas, que representan el 36% de la totalidad de los delitos), Homicidios dolosos (7.839 causas, 13%), Infracción ley de estupefacientes Nº 23.737 (5.408 causas, 9%), Hurto y/o tentativa (4.312 causas, 7%), Otros delitos contra la propiedad (3.315 causas, 5%), Violaciones (3.252 causas, 5%), etc. El conjunto de los delitos enumerados representa el 75% de la totalidad de las causas penales.
Condiciones de detención y acceso a derechos básicos
Población detenida según acceso a la educación
Asiste a educación Cant. de detenidos
Si 20.479 (38%)
No 27.061 (51%)
Sin Datos 5.908 (11%)
Total 53.448
(Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. SNEEP 2008)
Nota: Dentro de la categoría “Si” se incluye Educación No Formal.
Población detenida según acceso a la salud
Atención médica en el último año Cant. de detenidos
Si 43.745 (82%)
No 3.825 (7%)
Sin Datos 5.878 (11%)
Total 53.448
(Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. SNEEP 2008)
Población detenida según acceso al trabajo
Trabajo remunerado en el último año Cant. de detenidos
Si 18.597 (35%)
No 26.598 (50%)
Sin Datos 8.253 (15%)
Total 53.448
(Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. SNEEP 2008)
Tal como han sostenido diversos autores vinculados a la criminología crítica, existe una tensión irresoluble entre el sistema penal y derechos humanos. En este sentido, el funcionamiento de la prisión visibiliza el abandono de la lógica resocializadora y el modelo correccional sobre los cuales se fundamentó su existencia, al tiempo que da cuenta de la profunda modificación de sus prácticas institucionales. En la actualidad la cárcel se ha reestructurado en torno de ideas y prácticas vinculadas con la segregación y exclusión social de los identificados como “delincuentes”.
En este contexto, la vulneración de los derechos básicos de los ciudadanos emerge como una de las políticas estructurales del gobierno de la cárcel. Los detenidos en las cárceles argentinas encuentran numerosos obstáculos a la hora de acceder a la educación, a la salud, al trabajo, siendo éstos derechos constitucionales que aparecen garantizados en diversas leyes de ejecución penal5 y que funcionan como pilares de la idea de la pena progresiva.
Las estadísticas oficiales exponen que más de la mitad de los presos no asiste a ningún curso educativo (51%), lo que se revela como particularmente grave teniendo en cuenta la escasa instrucción formal que presenta este colectivo. Una tendencia similar se manifiesta en el acceso al trabajo: la mitad no realiza actividades ni talleres laborales.
Cabe mencionar que el trabajo carcelario ofrece una posibilidad central en la atenuación de las carencias materiales a las que son sometidos los detenidos, razón por la cual el peculio, es decir, la remuneración del trabajo carcelario, se impone como una herramienta que mejora las pésimas condiciones de detención6 de los presos.
Si bien la amplia mayoría de los presos recibió asistencia médica en el último año para el cual existen datos, no obstante 3.825 personas no fueron atendidas por un médico en todo ese período, a pesar de la alta vulnerabilidad y exposición al contagio de la población encarcelada y las altas tasas de detenidos portadores de enfermedades como la tuberculosis (TBC) y el HIV. Además, el hecho de haber recibido algún tipo de asistencia médica, no garantiza en absoluto que la misma sea de calidad.
Por último cabe mencionar que esta situación deriva en la imposibilidad de su incorporación a institutos tales como salidas transitorias, libertad asistida ó condicional, programas de semilibertad, etcétera; ya que el trabajo y la educación, son requisitos fundamentales –entre otros- para su concesión.
La población condenada en cifras
Población condenada según reincidencia
Reincidencia Cant. de condenados
Primario 14.021 (66%)
Reiterante / reincidente 6.813 (32%)
Sin Datos 502 (2%)
Total 21.333
(Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. SNEEP 2008)
Población condenada según monto de la sentencia
Monto Cant. de condenados
Hasta 3 años 1.424 (7%)
De 3 a 6 años 6.605 (31%)
De 6 a 9 años 4.788 (22%)
De 9 a 12 años 2.606 (12%)
De 12 a 15 años 1.432 (7%)
De 15 a 18 años 764 (4%)
Más de 18 años 1.027 (5%)
Sin Datos 2.687 (12%)
Total 21.333
(Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. SNEEP 2008)
El grueso de la población condenada es primaria (66%), es decir, que la actual es su primera condena, las cuales en más de la mitad de los casos presentan montos que van de los 3 a los 9 años. Si se discrimina por rangos, se observa que un tercio (31%) de los condenados tiene una pena de 3 a 6 años, y que prácticamente un cuarto tiene una condena de 6 a 9 años. En su conjunto representan el 53% de las condenas.
A modo de ejemplo del reducido acceso a los derechos previstos durante la ejecución de la pena, tomamos el caso de las salidas transitorias, que permiten a los detenidos al cumplir la mitad de la condena efectuar egresos temporales del penal para afianzar vínculos familiares, entre otros objetivos. El 82% de los condenados no está incorporado a dicho régimen, y aunque resulta imposible identificar al porcentaje de detenidos que cumpliría con los requisitos y no posee su incorporación, el reducido porcentaje de detenidos que accedieron a las mismas permite deducir la subutilización de este instituto. Algo similar sucede con otros institutos que presentan altos porcentuales de no incorporación: Régimen de semilibertad (95%), Programa de prelibertad (87%), Prisión discontinua (98%), Semidetención (99%).
(Tomado de datos del SNEEP y de Marta Monclús Masó)
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