Un enfoque cualitativo de las principales problemáticas en materia de encierro carcelario
Las personas privadas de su libertad en Argentina transcurren su vida en una situación de encierro atravesada por una innumerable cantidad de problemáticas. Tal como hemos mencionado, la vulneración de diversos derechos constitucionales es una de ellas, aunque no es la única. La sobrepoblación –y el consecuente hacinamiento-, la violencia institucional –que se manifiesta en tortura física y psicológica, aunque también en la mala alimentación y deficiente calidad de los servicios médicos- y la detención en comisarías integran sólo un recorte de los fenómenos más gravosos que signan el horror de la vida intra muros.
Para reflexionar en torno de la sobrepoblación carcelaria es interesante detenerse en una de sus condiciones de posibilidad: el uso indiscriminado de la prisión preventiva. El aumento en la aplicación de esta medida de excepción cristalizó en el endurecimiento de la regulación procesal penal que, a su vez, provocó un importante retroceso en el reconocimiento de las garantías básicas de las personas procesadas. La consecuencia de esto fue “(…) la construcción de un sistema que pretende que ningún culpable resulte impune, aunque habilita también la posibilidad de que un inocente sea castigado” (Ales C., Borda R. y Alderete R. 2005: 21). Algunos indicadores de esta situación fueron las restricciones en materia excarcelatoria y el consecuente aumento de las personas sin condena detenidas en diversos establecimientos penitenciarios.
La sobrepoblación en las unidades, es decir, el alojamiento de una cantidad de personas superior a lo que el cupo de los establecimientos permite, debe interpretarse al calor del colapso del sistema penal, legitimado y reproducido por los discursos y políticas que bregan por una mayor intervención punitiva. Sólo a modo de ejemplo, es dable mencionar que entre los años 1995 y 2005 se produjo un incremento demográfico del 5%, al tiempo que la población encarcelada creció en un 92%. En el año 2010 el Consejo de Defensores Generales de la provincia de Buenos Aires realizó un relevamiento que evidenció que el porcentaje de ocupación, en el ámbito bonaerense, asciende al 167%. Si también se consideran los detenidos en comisarías la cifra trepa al 192%, es decir, que el sistema aloja al doble de presos de lo que podría alojar legítimamente.
La situación en el resto de las provincias no diverge demasiado. Prácticamente todas poseen unidades de detención que alojan a más presos de los que su capacidad permitiría. Entre los casos más graves de sobrepoblación se encuentran las provincias de Chaco, Córdoba, Corrientes, Misiones, Salta y Santiago del Estero, en donde hay unidades que alojan cerca del doble de detenidos para los que efectivamente tienen plazas.
La sobrepoblación conlleva graves consecuencias para el colectivo encarcelado. El alojamiento de más personas de lo que permiten las condiciones edilicias de los establecimientos provoca un deterioro en los servicios y en las condiciones materiales que no están preparados para recibir a tal cantidad de detenidos. Por otro lado, la falta de intimidad y espacio desemboca en saturación, malestar psicológico y peores condiciones de higiene –cloacas que se rebalsan, inodoros que se tapan, insuficiencia, o inexistencia, del suministro de agua para el consumo y la higiene personal- que son, muchas veces, responsables de la generación de fricción y conflictos entre presos.
El alojamiento de personas en dependencias policiales es otra de las consecuencias de la sobrepoblación carcelaria. De esta forma, los sistemas penales han utilizado las comisarías como lugares de cumplimiento de la pena y/o prisión preventiva a los efectos de aumentar el número de plazas carcelarias, a pesar de que éstas no reúnen las condiciones mínimas requeridas para el alojamiento de personas.
La reflexión en torno de los problemas de sobrepoblación y el alojamiento de detenidos en comisarías requiere del análisis y revisión de las políticas públicas en materia penitenciaria y de criminalidad; las deficiencias en la normativa vigente y en la administración de justicia. Pese a ser una exigencia de primer orden, en la actualidad el Estado argentino adeuda este compromiso de análisis crítico de sus prácticas en materia de encierro carcelario y aún no ha llegado a una resolución eficaz de los problemas de sobrepoblación y alojamiento ilegal de presos en comisarías.
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