El sistema carcelario argentino está conformado por diversos sistemas penitenciarios (SP) y otros centros de detención a cargo de policías provinciales u otras fuerzas de seguridad.
Cada una de las provincias argentinas posee un servicio penitenciario propio, con excepción de Formosa, Santa Cruz, Chubut y La Pampa. Estas últimas dos provincias, pese a no tener servicios penitenciarios, sí poseen cárceles provinciales dependientes de las respectivas policías de la provincia. No obstante, las 24 jurisdicciones -23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- presentan personas encarceladas en algún tipo de establecimiento penal.
De acuerdo con las últimas estadísticas penitenciarias oficiales (SNEEP) elaboradas por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para el año 2008 había 54.537 personas privadas de su libertad en centros penitenciarios. Si se suma la cifra relativa a los detenidos en comisarías -6.074 personas- se obtiene que el total de los presos en Argentina ascendía a 60.611 para ese período.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) alojan al 61% de los detenidos. A marzo de 2011 había 2.782 alojados en comisarías de la provincia de Buenos Aires, lo que representa el 10% de los presos bonaerenses.
Además del alojamiento en comisarías, hay presos que se encuentran en dependencias de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina; a diciembre de 2010 había 105 detenidos en Gendarmería y 18 en Prefectura.
Durante los últimos años se ha producido un aumento sostenido en la cantidad de población privada de su libertad. En el año 1998 había 26.690 personas presas en Argentina. Diez años más tarde esta cifra la encontramos duplicada, llegando a 54.537 detenidos en el 2008.
La tendencia se enmarca en un proceso mayor -que abarca a la mayoría de los países occidentales- de inflación punitiva. Esta situación es una consecuencia de la imposición –a nivel mundial- de políticas penales de tolerancia cero, incapacitación punitiva, criminología del otro, etcétera. En este contexto, el abultamiento de las cifras de la población encarcelada se revela como uno de los indicadores más alarmantes de un proceso caracterizado, en simultáneo, por un aumento en los índices de exclusión social y violencia ejercidos hacia los sectores más vulnerables de la población. Todo lo anterior caracteriza el proceso conocido como el pasaje del Estado Social al actual Estado Penal (Wacquant).
Como ya hemos mencionado, más de la mitad de la población detenida en el país, lo está en establecimientos penitenciarios pertenecientes al SPF y al SPB, entre ambos servicios penitenciarios albergan al 61% de los presos. Si se suma esta cifra a la correspondiente a las personas encarceladas en Córdoba y Mendoza, se alcanza a representar las tres cuartas partes (75%) de la totalidad de los presos en Argentina.
Aporte en cuotas de Daniel Schulman (gracias totales)
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